Libertad sindical: afiliación, garantías frente al sindicato y frente al empresario
Libertad de afiliación sindical
La libertad de afiliación sindical necesita protegerse tanto frente al propio sindicato como frente al empresario.
Garantías frente al sindicato
Cláusulas estatutarias de admisión de miembros
El trabajador tiene derecho a afiliarse al sindicato de su elección con la única condición de observar los estatutos. Estos establecen requisitos y procedimientos de afiliación, de modo que, si no se cumplen, el sindicato puede rechazar la solicitud de admisión.
- Cláusulas atentatorias: establecen discriminaciones afiliativas y son ilegítimas.
- Cláusulas no ilegítimas: no puede afiliarse quien no pertenezca a la profesión ni quien ya pertenezca a otro sindicato del mismo ámbito.
El poder disciplinario sindical y su control judicial
Es posible controlar judicialmente las decisiones del sindicato respecto de sus afiliados o de quienes pretendan serlo. Este control permite verificar si el órgano competente adoptó la decisión conforme a los requisitos estatutarios y si se han enjuiciado los motivos que la fundamentan.
Los plazos para reclamar son los siguientes:
- 40 días para impugnar la denegación de la afiliación o la expulsión por acuerdos contrarios a los estatutos.
- 1 año para impugnar acuerdos del sindicato contrarios a las leyes.
Garantías frente al empresario
Las actuaciones empresariales antisindicales pueden producirse en distintos momentos.
1) Prohibición de discriminación sindical en la admisión al empleo: las listas negras
Los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados para acceder al empleo y durante su vigencia. La normativa no contempla de forma específica la discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo por adhesión a un sindicato, y existe la práctica de listas negras entre empresarios para descartar trabajadores por razones sindicales.
2) Prohibición de discriminaciones sindicales durante la relación laboral
Está prohibida la utilización de los poderes empresariales con finalidad antisindical, y estas decisiones son nulas. Esta protección tiene rango constitucional y cubre tanto a los trabajadores afiliados como a los que no lo están.